“El precio del silencio legal: Las grietas del nuevo Código de las Familias en Cuba”

La entrada en vigor del nuevo Código de las Familias en Cuba fue presentada como una conquista de los derechos civiles y una renovación progresista del marco normativo familiar. Sin embargo, tras la celebración institucional, emergen múltiples críticas que desmontan la aparente modernidad del texto. Lejos de ofrecer garantías, esta legislación arrastra vacíos peligrosos que amenazan con dejar desprotegidos a quienes más deberían ser amparados por el Estado: las personas con discapacidad, los adultos mayores y las familias en situaciones complejas. A continuación, se detallan siete aspectos fundamentales donde el nuevo Código ha generado mayor preocupación, malestar y controversia.

1. Abandono jurídico encubierto: discapacidad sin tutela directa

El precio del silencio legal

Una de las transformaciones más llamativas del Código es la supresión de la figura tradicional de “incapacitado legal” para dar paso a un modelo centrado en los “apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica”. A primera vista, se trata de una aproximación moderna y respetuosa de la autonomía de las personas con discapacidad. Sin embargo, en la práctica cubana donde los mecanismos de asistencia son ineficaces o inexistentes este cambio ha generado una laguna peligrosa.

Ahora, si una persona con discapacidad severa pierde a sus padres o cuidadores, su situación jurídica queda en el limbo. No existe una asignación automática de tutela a familiares directos. Para obtener representación legal, estos deben pasar por un engorroso proceso judicial que, en ocasiones, ni siquiera garantiza el resultado deseado. En consecuencia, miles de personas con impedimentos físicos o cognitivos severos están siendo excluidas del acceso a servicios, derechos y protección legal efectiva, simplemente porque no tienen una figura jurídica formal que actúe en su nombre.

2. Desplazamiento de la familia como primera red de amparo

El precio del silencio legal. Uno de los mayores reclamos sociales se dirige al desplazamiento forzado de los familiares cercanos como tutores naturales en situaciones de vulnerabilidad. El Código insiste en que toda decisión debe respetar la voluntad de la persona, lo cual sería ideal si todos pudieran expresar esa voluntad libremente.

En la Cuba actual, donde muchas personas viven en condiciones precarias, con discapacidades intelectuales o motoras que impiden una comunicación fluida, esa exigencia se convierte en una trampa. Padres, hermanos o hijos que han asumido el cuidado integral de sus seres queridos durante décadas se encuentran con que el Estado no les reconoce ese papel protector a nivel legal, dejándolos fuera de decisiones claves: acceso a la seguridad social, trámites médicos, propiedades, herencias o beneficios estatales.

El resultado es un modelo que teoriza sobre la inclusión, pero que, en realidad, obstaculiza la ayuda de quienes están en mejores condiciones afectivas y prácticas para ofrecerla.

3. Ancianos solos, sin voz ni instrumentos de protección

En un país con una población envejecida y una infraestructura de asistencia social al borde del colapso, los adultos mayores se han convertido en una de las víctimas silenciosas del nuevo orden legal. El Código reconoce su derecho a una vida digna y a decisiones autónomas, pero no ofrece soluciones concretas para aquellos que no tienen quien los asista o que, por razones médicas, han perdido su capacidad para decidir.

No se han creado residencias estatales adaptadas, ni programas amplios de cuidadores formados, ni redes comunitarias de protección. Lo que queda es una ley escrita que no encuentra anclaje en la realidad. En muchos barrios, personas mayores con demencia, Parkinson, ceguera o parálisis viven abandonadas o son cuidados por vecinos sin reconocimiento legal, sin acceso a ayudas, sin testigos oficiales de su deterioro ni respuestas institucionales.

La paradoja es dolorosa: mientras la ley les otorga voz y protagonismo, la vida cotidiana los ha empujado a una esquina muda y sin defensa.

4. Ideología estatal sobre la autonomía familiar

Uno de los aspectos más sensibles del nuevo Código es su visión sobre la crianza. Conceptos como la “corresponsabilidad parental” o la “crianza positiva” suenan bien en el papel, pero su aplicación puede prestarse a interpretaciones peligrosas. En manos de un aparato estatal altamente ideologizado y represivo, estas ideas se convierten en herramientas para intervenir en la vida familiar cuando los valores del hogar no coinciden con los del Estado.

Activistas y padres denuncian que, bajo este marco, podrían perder la custodia de sus hijos si no promueven un discurso alineado con el sistema. Ya han circulado advertencias en escuelas donde se alienta a los niños a “corregir” a sus padres si expresan opiniones contrarias a la ideología oficial.

Este modelo vuelve difusa la frontera entre la protección de la niñez y el adoctrinamiento, con lo cual las familias más críticas con el régimen temen que sus decisiones puedan ser anuladas por instituciones estatales que actúan como árbitros morales.

5. Ambigüedad legal: el riesgo de la interpretación sesgada

Uno de los principales defectos estructurales del Código es su redacción ambigua en temas clave. Términos como “voluntad presunta”, “apoyos adecuados” o “capacidad progresiva” están presentes en artículos esenciales, pero no están definidos con precisión jurídica.

Esto significa que la interpretación de estos términos queda en manos de los jueces o burócratas, muchos de los cuales no tienen formación especializada ni garantizan imparcialidad. En contextos represivos, las ambigüedades legales se convierten en armas de control, permitiendo decisiones arbitrarias bajo el pretexto de la legalidad.

Un juez puede decidir, por ejemplo, que una persona discapacitada “presuntamente” expresó una voluntad que en realidad no dijo; o puede negar el reconocimiento de un familiar como apoyo porque considera que no es “adecuado”, sin necesidad de justificación objetiva. Este vacío normativo coloca a los ciudadanos en una situación de incertidumbre constante frente al Estado.

6. Ausencia de condiciones reales para implementar la ley

Una ley, por progresista que parezca, no transforma la realidad si no va acompañada de políticas públicas, presupuesto y estructuras de apoyo. El Código de las Familias cubano presume una capacidad institucional que no existe. Habla de equipos multidisciplinarios, seguimientos periódicos, supervisión estatal, defensorías especializadas... pero nada de eso está operativo a gran escala.

No hay profesionales suficientes, no existen protocolos claros ni se ha asignado presupuesto real para aplicar lo que el papel promete. Todo recae, una vez más, en el esfuerzo personal de las familias, que deben lidiar con la burocracia, la escasez y la indiferencia. En muchos casos, los tribunales ni siquiera tienen formularios adecuados para tramitar solicitudes bajo la nueva ley, y los notarios no saben cómo actuar.

Este desfase entre el ideal y la ejecución convierte al Código en un texto estéticamente moderno pero funcionalmente inservible para la mayoría de los cubanos.

7. Un referendo bajo condiciones opacas

Aunque el gobierno cubano promovió el Código mediante referendo, el proceso estuvo lejos de ser transparente o democrático. No se permitió campaña de oposición visible, los medios de comunicación estatales censuraron opiniones críticas, y los debates públicos se realizaron bajo vigilancia.

Muchos votantes acudieron sin conocer el contenido del texto completo. Se insistió en puntos populares como el matrimonio igualitario para ocultar otros más polémicos, como la redefinición del concepto de representación legal o las nuevas figuras de apoyo jurídico.

El referendo, en lugar de ser un ejercicio de soberanía, fue utilizado como herramienta de validación política en medio de una crisis profunda. El resultado fue una ley respaldada por una mayoría estadística, pero sin legitimidad social auténtica ni debate ciudadano real.

La modernidad fingida

El nuevo Código de las Familias de Cuba es un ejemplo claro de cómo una reforma legal puede parecer avanzada y, sin embargo, esconder retrocesos concretos en derechos, seguridad jurídica y protección social. Bajo su fachada de inclusión y respeto, se esconde una arquitectura ambigua, frágil, sin soporte estructural ni garantía de implementación.

La familia, la discapacidad, la vejez, la infancia... todos estos temas requieren no solo normas modernas, sino compromisos reales, recursos disponibles y voluntad política sincera. En lugar de ello, el nuevo Código ha institucionalizado una serie de ambigüedades que refuerzan el control estatal, debilitan el papel natural de la familia y exponen a los más frágiles a una indefensión legal disimulada.

En el papel, Cuba parece más justa. En la calle, la injusticia permanece intacta, pero ahora con un nuevo rostro legal que legitima el abandono.